Conducta para dar más transparencia a las contrataciones públicas en la Región

Nuevo Código de Conducta para dar más transparencia a las contrataciones públicas en la Región

Este instrumento de Buen Gobierno pretende recuperar el clima de confianza de la ciudadanía en la buena gobernanza de la Administración pública regional mediante el refuerzo de las conductas éticas y las buenas prácticas en un sector que mueve gran volumen de gasto como es el de la contratación pública.

 

 

El código recoge una serie de principios éticos y de normas de conducta que tratan de prevenir, detectar y combatir conductas deshonestas, asegurar la gestión eficiente del gasto público y aumentar los niveles de transparencia en los procesos de contratación. Será de obligado cumplimiento para altos cargos, funcionarios públicos, y licitadores y contratistas.

Una de las principales características del código es la obligatoriedad de cualquier servidor público que intervenga en los procesos de adjudicación de firmar una declaración de ausencia de conflicto de interés en la que pongan de manifiesto que no tienen intereses privados que puedan comprometer su imparcialidad en la actuación.

De la misma forma, los empresarios que deseen concurrir a una licitación pública o suscribir un contrato con la Administración regional se comprometen a no intentar influir en las decisiones de los órganos de contratación, no participar en prácticas o corruptelas dirigidas al falseamiento de la competencia, denunciar tales actuaciones cuando perciban que las están realizando otras empresas, no intentar buscar ventaja en el cauce de las consultas preliminares de mercado, y a redactar sus ofertas ajustándose a la realidad para evitar tener que recurrir a modificados de contrato, entre otras cuestiones.

Este Código de Conducta se enmarca en el Sistema de Integridad Institucional que fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2019 y se añade al Código de Conducta de los Altos Cargos que ya se aplica en la Región. Asimismo, la aprobación de este código está prevista en la Estrategia Regional de Gobernanza Pública, dentro de la línea de 'Ética, Integridad Pública y Prevención de la Corrupción'.